Las FARC valoraron ayer su capital en al menos 325 millones de dólares, incluidos tierra, ganado, armamento y efectivo, luego de que el jueves el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, objetase la lista de bienes que entregaron para reparar a las víctimas del conflicto armado interno.
La organización, que concluyó el desarme de sus siete mil combatientes el 15 de agosto como parte del acuerdo de paz, publicó el inventario de bienes y activos que entregó a una misión de Naciones Unidas.
El pacto firmado con el presidente Juan Manuel Santos en noviembre último, prevé que la fortuna declarada por los rebeldes contribuya a reparar a las víctimas del enfrentamiento con el Estado, en el que también tomaron parte narcotraficantes, guerrillas y grupos ilegales de ultraderecha. “Una vez más, con la entrega del inventario de bienes y activos, las FARC hemos continuado cumpliendo de manera estricta con lo acordado”, dijo Pastor Alape, dirigente de la organización que en breve pasará a ser un partido político.
El inventario revelado por las FARC incluye inmuebles, vehículos, ganado, caballos, armamento, enseres, dólares, oro y las obras viales que construyeron en sus zonas rurales de influencia. Los ex guerrilleros valoraron su capital en casi un billón de pesos, más 450 mil dólares y 267.520 gramos de oro, lo que equivale al cambio actual a unos 325 millones de dólares, sin contar el oro. Las FARC financiaron su fallida lucha por el poder con actividades ilegales como el tráfico de droga y secuestros. El fiscal general de Colombia, Néstor Martínez, cuestionó el jueves la transparencia del inventario con el argumento de que sería menor que el que aparece en sus investigaciones.
En una carta dirigida al ministro del Interior, Guillermo Rivera, Martínez consideró además que los artículos enumerados por las FARC no están especificados como debe ser. “Sorprende que el listado de presuntos inmuebles de su propiedad no relacione un solo folio de matrícula inmobiliaria. Se enuncia en el listado que varios de estos inmuebles cuentan como documento de propiedad con ‘cartas de colono’ y/o ‘cartas de venta’, que en la regulación de los derechos reales del Código Civil, no acredita la titularidad del dominio”, indicó en la carta.
Para el fiscal, el listado entregado por las FARC a Naciones Unidas tras finalizar el desarme no pasa de ser una simple relación de nombres, que además incluye artículos de aseo, medicamentos e intervenciones quirúrgicas realizadas a ex guerrilleros en el marco del conflicto. “Los bienes se identifican por su mero nombre, lo que hace francamente inútil e improcedente el inventario presentado, tanto para hacer viable su enajenación al fondo de bienes, como para establecer los activos que, por sustracción de materia, son susceptibles de extinción de dominio”, sostiene el texto.
Por esa razón, el fiscal pidió al gobierno solicitar a la ex guerrilla identificar como corresponde en derecho los inmuebles de su propiedad, a través de un folio de matrícula o cuanto menos su cédula de identificación. De esta última exigencia pareció burlarse Félix Muñoz, alias Pastor Alape, uno de los jefes de las FARC, que afirmó: “El fiscal está solicitando matrículas inmobiliarias, cartas de colonos, folios de matrículas, cédulas catastrales, pero está hablando con una organización que estaba en la rebelión armada, que era clandestina y que no tenía una personería jurídica”.
Alape dijo que la Fiscalía no se refiere a otra parte de la lista en la que las FARC reportan ser dueñas de varios bienes con los cuales se puede ayudar a la reparación de las víctimas. “¿Por qué el fiscal no dice que las Farc pusieron a disposición del fondo 20.724 cabezas de ganado?”, se preguntó el ex guerrillero en declaraciones a la estación Blu Radio. Asimismo, dijo que las FARC mencionan en la lista que tienen 2.500 millones de pesos (equivalentes a poco más de 842.000 dólares), 450.000 dólares y 327,5 kilogramos de oro.
También el asesor jurídico de las FARC, el español Enrique Santiago, resaltó que el grupo hizo algo que no ha hecho nadie en Colombia con ese listado exhaustivo de bienes, y rechazó las críticas de la Fiscalía sobre el inventario. “Las FARC han hecho algo que no ha hecho nadie, es presentar un listado exhaustivo, tan exhaustivo, que hasta se critica”, sentenció Santiago en una entrevista con Caracol Radio.
El abogado expresó que no existe ninguna figura jurídica en el derecho internacional que establezca cómo se debe operar con este tipo de bienes, y explicó que el dinero que recibieron las FARC por actividades ilícitas, fue dirigido al mantenimiento de los guerrilleros y el Bloque Oriental hasta construyó 2.500 kilómetros de carreteras. Al ser preguntado sobre el destino de los dineros que recibieron las FARC por actividades ilícitas, Santiago aseguró que fue dirigido al mantenimiento de los guerrilleros y que incluso el Bloque Oriental construyó 2500 kilómetros de carreteras. Igualmente afirmó que actualmente las FARC reciben donaciones que se invierten en varias actividades, como publicidad política, y que a partir de esas sumas podrá hacer del 27 de agosto al 1º de septiembre su Congreso nacional.
Santiago aclaró que las donativos vienen de varios lados, pero no de Venezuela, que, según dijo, se distanció de la implementación del acuerdo de paz por las tensas relaciones de Colombia con ese país, y tampoco de Cuba, que, aseguró, “s un país al que no le sobran recursos económicos.
El gobierno y la guerrilla firmaron en noviembre un acuerdo de paz que llevó a que unos 6800 miembros del grupo se concentraran en 26 sectores del país y entregaran sus armas a la ONU. Las FARC iniciarán el domingo un congreso constitutivo del partido que los representará en la actividad política legal, que será presentado el 1º de septiembre con un acto en la céntrica Plaza Bolívar.
Ante las dudas de la fiscalía, el gobierno colombiano creó el jueves una comisión que verificará el inventario y advirtió que expropiará cualquier bien que no haya sido declarado por los ex guerrilleros. Quienes oculten bienes serán procesados bajo sospecha de lavado de activos. A través de un decreto, el ministro de Justicia, Enrique Gil, dijo que el gobierno creó una comisión transitoria de verificación de los bienes para asegurar el apoyo técnico, administrativo y financiero de dicho patrimonio.
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