El movimiento Justicia Ya, de Guatemala, pidió este domingo la renuncia del presidente Jimmy Morales, luego de que el mandatario declarara persona non grata al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez.
"El presidente Morales está obstruyendo la justicia y debe renunciar, está haciendo un intento desesperado por protegerse a sí mismo y a cambio está poniendo en riesgo a toda la población", expresó la integrante de Justicia Ya, Briseida Milián.
La activista guatemalteca pide que el presidente "entre en razón" y presente su renuncia, al igual que lo hicieron este domingo la ministra de Salud, Lucrecia Hernández Mack, y la titular del Ministerio de Trabajo, Aura Lucia Teleguario, y otros funcionarios.
"Nosotros como ciudadanía saldremos a las calles de nuevo para hacernos escuchar", enfatizó Milián.
En 2015, la organización convocó manifestaciones contra la corrupción en Guatemala después de que se conociera el escándalo de defraudación aduanera conocido como La Línea.
Este domingo el mandatario guatemalteco declaró persona non grata al jefe de la Cicig, Iván Velásquez y ordenó su inmediata expulsión del país, sin embargo, la Corte Constitucional otorgó el amparo provisional a Velásquez y suspendió la decisión de Morales.
Más tarde, el jefe de Estado aseveró que ningún tribunal nacional "puede injerir en sus decisiones de política exterior".
"Tengo la facultad de declarar persona non grata a un diplomático sin exponer los motivos de dicha decisión, pero como mandatario considero importante decir al pueblo las razones (...) Decidí nombrarlo non grato como un acto de lealtad a la patria (...) pues intentó presionar a diputados del Congreso para llevar a cabo reformas constitucionales", dijo el mandatario en una rueda de prensa retransmitida por el canal oficial del Gobierno guatemalteco.
El pasado viernes, la Cicig y el Ministerio Público de Guatemala solicitaron en una rueda de prensa un antejuicio en contra del mandatario por presunto financiamiento electoral ilícito durante la campaña de 2015.
La fiscal general Thelma Aldana y Velásquez denunciaron que Morales no justificó como secretario general de su partido, el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), la procedencia de donaciones por valor de 6,7 millones de quetzales (alrededor de 920.000 dólares) ante el Tribunal Supremo Electoral.
La Cicig trabaja en el país centroamericano desde 2006, gracias a un acuerdo entre el Gobierno de Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ratificado por el Congreso, como un órgano independiente de carácter internacional.
Tomado. tercerainformacion
