En su empeño por frenar el tráfico de personas procedentes de Libia, el gobierno italiano centra su atención en forjar alianzas con fuerzas de ese país, sumido en el caos y la ingobernabilidad.
La crisis en esa nación norafricana sobrevino en el 2011, tras el derrocamiento y asesinato de Muammar el Gaddafi, durante la operación militar liderada por Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, con el apoyo de diez países, a los cuales se sumaron posteriormente otros seis, amparados por una resolución de la ONU.
Uno de los integrantes del primer grupo fue precisamente Italia, representada por el gobierno de entonces, presidido por el ex primer ministro Silvio Berlusconi.
Al calor del desorden prevaleciente, prosperó la industria del tráfico de personas, devenida importante fuente de ingresos para la economía de varias regiones de ese país, por un lucrativo negocio que comienza, con frecuencia, en África Subsahariana y termina en costas italianas o en el fondo del mar Mediterráneo.
Con el cierre de la ruta de los Balcanes y el acuerdo de la Unión Europea (UE) con Turquía, en abril del 2016, el Mediterráneo central se convirtió en la vía principal de ingreso a Europa para los migrantes provenientes de África y naciones como Siria, Afganistán y Bangladesh, azotadas por guerras, conflictos, hambre y miseria.
Según datos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, hasta el cuarto día de este mes llegaron a Europa 114 865 migrantes, 96 119 de ellos a Italia, 11 692 a Grecia, 6 524 a España y 530 a Chipre, en tanto un estimado de 2 398 murieron en el intento.
El 2 de febrero último, Italia y Libia suscribieron un acuerdo de cooperación, avalado el día siguiente por los jefes de estado o de gobierno de la UE reunidos en Malta, a pesar de lo cual el flujo de migrantes creció notablemente en el primer semestre del año, antes de registrar una drástica reducción unos días después.
El objetivo principal del convenio y de las acciones aprobadas por la cumbre de la UE era el apoyo a Libia y países vecinos en el enfrentamiento al tráfico de personas.
El plan incluyó, entre otros aspectos, el entrenamiento, equipamiento y apoyo a la guardia costera y otras agencias libias; medidas adicionales para desmantelar el tráfico ilegal de personas, y el respaldo -donde sea posible- al desarrollo de comunidades locales en la nación norafricana, especialmente en zonas costeras y fronterizas vinculadas al flujo migratorio.
El interlocutor de Italia en las tratativas con Libia es el gobierno de Acuerdo Nacional presidido por Fayez al Serraj, reconocido por la ONU, aunque controla solo una pequeña porción del país, en cuya administración participan otros centros de poder como el parlamento de Tobruk y el ejército del general Jalifa Haftar, en la Cirenaica.
En respuesta a una solicitud de al Serraj, el Consejo de Ministros y el parlamento aprobaron hace apenas unos días la participación de unidades navales italianas en operaciones de apoyo a la Guardia Costera libia en el enfrentamiento conjunto al tráfico de personas en aguas de ese país.
En declaraciones a la prensa al concluir la reunión en Malta, el primer ministro, Paolo Gentiloni, expresó que lo aprobado «es ni más ni menos cuanto solicitó el gobierno libio».
De esta manera respondió a la confusión creada por el mandatario de la nación norafricana, quien después de pedir la colaboración en carta fechada el 23 de julio último, lo desmintió públicamente para después rectificar a través de un pronunciamiento de su cancillería.
El acuerdo con al Serraj desató la ira de Haftar quien el día 22 de julio participó en París en una reunión de reconciliación con su rival, convocada por el presidente francés, Emmanuelle Macron, sin contar con Italia.
El general amenazó con atacar militarmente las unidades navales italianas que penetraran en aguas libias y el parlamento de Tobruk, que lo respalda desde el punto de vista político, dijo que desconocía lo pactado.
En un sentido similar se pronunció el vicepresidente del Consejo Presidencial libio encabezado por al Serraj, Fathi al Mejbari, quien manifestó que la autorización a unidades navales italianas para entrar en aguas libias «no expresa ni la voluntad de todo el Consejo Presidencial y mucho menos la del gobierno de acuerdo (nacional)».
Por otro lado andan las tribus y los alcaldes de las regiones beneficiadas económicamente por el tráfico de personas como piezas de un rompecabezas muy difícil de armar.
Tomado: Granma
